Impacto libertario
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. En el área de programas presupuestarios que buscan cerrar brechas de ingresos, el más significativo es el ajuste de la Prestación Alimentar (-17,26%) y el fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%). Los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron eliminados de cara al Presupuesto 2026.
El conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023. En cuanto a brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. Debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron eliminados.
Por último, nos adentramos en el impacto negativo de las políticas económicas llevadas adelante por la actual gestión nacional sobre las mujeres y diversidades, haciendo especial hincapié en la reforma laboral aprobada el 27 de febrero del corriente año.
Reforma laboral
Las políticas para las adultas mayores dibujan un panorama crítico. Por un lado, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse tras el veto a la moratoria, siendo derivadas a la PUAM (que paga un 20% menos y exige 5 años más de edad). Por otro lado, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023. Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima -donde hay una alta concentración de mujeres-.
El análisis de la reforma laboral, desde una mirada sensible al género, confirma que el ajuste recae con mayor fuerza sobre las mujeres, profundizando asimetrías estructurales. La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital.
En materia de derechos para las personas gestantes, la reforma laboral redefine la forma en que se responde frente a los despidos discriminatorios. Con anterioridad, una trabajadora despedida por motivo de embarazo podía reclamar la nulidad del despido y exigir su reincorporación al puesto de trabajo. En el esquema actual, la respuesta frente al despido discriminatorio se canaliza principalmente a través de una indemnización agravada.
Por otro lado, se introduce la creación del banco de horas y flexibilidad horaria. Esto permite que las horas extras sean compensadas con tiempo de descanso en lugar de que sean pagadas, lo que genera incertidumbre en cuanto a disponibilidad horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre mujeres.
Este escenario de fragilidad se agrava con el debilitamiento del aparato sindical y el ataque directo a la negociación colectiva. Al priorizarse los acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva.
Complementariamente está la derogación de la Ley N° 27.555 que regulaba el Teletrabajo. Al quedar sin efecto, se elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.
Otro de los puntos regresivos en materia de derechos laborales es la extensión del período de prueba para trabajadoras de casas particulares, esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización pasando de 15 días a 6 meses.
Por último, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% de pymes del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA significan un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”.
En conclusión, el modelo económico actual no sólo ignora las desigualdades preexistentes, sino que las refuerza con políticas de ajuste. Los datos confirman que las políticas económicas implementadas por esta gestión recaen con mayor fuerza sobre las mujeres, profundizando asimetrías estructurales y consolidando lo que especialistas denominan la “feminización de la pobreza”.
GENERACIÓN POLÍTICA 2026
fuente: pagina 12