El presidente Javier Milei, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 171/2024, consumó su ataque al sistema de salud argentino, con el pretexto de desregular el mercado y promover la libre competencia entre las obras sociales y los prestadores de servicios sanitarios.
La medida, que no tiene ninguna necesidad ni urgencia, sino que responde a los intereses de los grupos económicos que financian al gobierno, implica un brutal avasallamiento al Congreso y a la Constitución Nacional, ya que deroga y modifica una serie de leyes que regulan el funcionamiento de las entidades de salud y el Sistema Nacional del Seguro de Salud, sin pasar por el debate parlamentario.
Entre las principales consecuencias, se destaca que las entidades que brindan cobertura médica, incluidas las prepagas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro y depositar el 20% de los aportes adicionales que reciban en un Fondo Solidario de Redistribución, que será administrado por el gobierno sin ningún tipo de control ni transparencia.
Asimismo, se elimina el carácter obligatorio de los valores de las prestaciones sanitarias, dejando a los agentes y prestadores la libertad de fijar sus propios precios, lo que provocará un aumento desmedido de las cuotas y una disminución de la calidad y la accesibilidad de los servicios médicos.
Por otra parte, se flexibiliza el régimen de planes de cobertura parcial, que podrán ofrecerse para determinadas prestaciones, sin garantizar el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, lo que implicará una mayor segmentación y exclusión de los usuarios, especialmente de los más vulnerables.
Finalmente, se reduce el período de carencia para acceder a las prestaciones superadoras o complementarias al PMO a un máximo de 12 meses desde el inicio del contrato, y se mantiene la antigüedad de 10 años en la misma entidad para poder cambiar de obra social sin perder los beneficios, lo que dificulta la libre elección de los beneficiarios y favorece la concentración de las entidades más poderosas.
Estas medidas, que forman parte del plan de ajuste y desregulación económica impulsado por Milei, han generado un amplio rechazo de parte de los sectores opositores, que las consideran un atentado contra los derechos de los usuarios y una amenaza para la salud pública.