El Presidente lo tiró la noche anterior, como todo un logro de gestión: «echamos a 50.000 empleados públicos, no solo eso, ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000”, alardeó. Fue en su estilo de cifras grandilocuentemente falsas -también para esto-, que luego fueron corregidas por el vocero: Adorni aclaró que “del universo de contratos analizados», que estiman en 70 mil, los despidos serían por ahora 15 mil, «y el resto se renueva por seis meses». «El trabajo es muy quirúrgico, entonces los tiempos son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado», abundó en crueldad, por si hacía falta. Lo cierto es que el cierre de mes llega con miles de despidos en distintas dependencias públicas del país, en una cifra que continúa abierta porque al cierre de esta edición los trabajadores seguían recibiendo notificaciones de bajas, y se sabía que continuarían de aquí al 31, más allá del feriado largo. Esto, sin contar los despidos en organismos descentralizados y empresas públicas, o los casos de «suspensión ad eternum» y levantamientos de áreas y programas completos, como en los medios públicos.
Además de las familias que quedan en la calle, este desguace significa en los hechos que hay áreas enteras que dejan de funcionar (las oficinas de Anses o de Desarrollo Social en puntos territoriales clave, absolutamente todas las delegaciones provinciales del Enacom, entre otras). Que hay otras que quedan con serias dificultades para cumplir la tarea que les da sentido (las bajas de los famosos «artículo 9» -de la ley de empleo público 25.164-, o «resolución 48», contratos «a plazo fijo» que se siguen renovando anualmente gestión tras gestión, y que nunca fueron transformados en empleos formales, abarcan a muchas personas con décadas de experiencia en lugares clave). Y que hay tareas vitales que ya mismo están quedando suspendidas: como informó Raúl Kollmann, por ejemplo, los primeros jubilados en cobrar en abril, del miércoles 3 al viernes 5, no sumarán el aumento ni con el bono anunciados, porque ya no hay tiempo ni gente suficiente para procesar esas liquidaciones.
Poco tuvo de «quirúrgica», siquiera de justificada, la motosierra que arrasó con cada área del Estado. Hubo casos de sinceridad brutal, de blanqueo explícito ante los gremios. El reemplazante de Osvaldo Giordano en la Anses, Mariano de los Heros, por ejemplo, manifestó abiertamente que su tarea en el organismo era la de «reducir entre un 30 y 40 por ciento la planta». Allí, de la primera tanda de 851 personas a las que les llegó el telegrama de despido entre el viernes y lunes pasado, unas 60 eran del sistema de cargas a nivel central, de allí la imposibilidad de liquidar correctamente las jubilaciones. Pero ya se anunció que vendrán más. Paralelamente, se echó a andar el rumor de renuncia de De los Heros, durante toda la jornada. Por lo pronto, los vasos comunicantes que existían con los gremios (siquiera para decir que no hay negociación posible alguna) se cerraron.
Para todos y todas
Anses. Pami. La Agencia Nacional de Discapacidad. Los Centros de Referencia (CDR) y otras áreas del ex ministerio de Desarrollo Social (actual secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de Capital Humano). El Servicio Meteorológico Nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Inta. El Senasa. El Conicet. La Biblioteca Nacional. El Enacom. El Instituto Geográfico Nacional. Acumar. Parques Nacionales. El Instituto Nacional de Administración Pública. La Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Administración General de Puertos. Todas las dependencias de todos los ministerios y secretarías del organigrama del Estado. En todos, absolutamente todos los lugares del Estado, llegaron los despidos a mansalva.
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